Red de Veedurías cuestiona la resolución de abastecimiento de combustibles
La Red de Veedurías de Colombia ha levantado la voz en contra de la Resolución 01937 del 27 de octubre de 2026, que modifica el esquema de abastecimiento de combustibles en Nariño. La organización argumenta que la medida podría generar alzas en los costos para los consumidores finales y, al mismo tiempo, comprometer recursos públicos sin una justificación legal y económica suficientemente clara.
El cuestionamiento central de la Red se enfoca en que la resolución extiende a Chachagüí una compensación por transporte de combustibles que, según su interpretación de la Ley 191 de 1995, estaría reservada exclusivamente para Pasto, la capital del departamento. Este punto de divergencia abre una discusión sobre cómo se distribuyen los recursos y las responsabilidades logísticas en el abastecimiento regional.
El doble impacto económico que preocupa a los nariñenses
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los costos del transporte de combustible desde Yumbo hasta Chachagüí. De acuerdo con el comunicado de la Red, la resolución contempla que ese trayecto sea cubierto mediante una compensación con recursos públicos, mientras que el transporte entre Chachagüí y las estaciones de servicio finales se incorpora a la estructura de precios que pagan los consumidores.
La Red señala que este último componente fue fijado en $93,65 por galón para octubre de 2026 en los municipios asignados a Petronar. Por esto, advierte sobre un posible doble impacto económico: costos asumidos directamente por los usuarios en el precio de la gasolina y el ACPM, y simultáneamente, recursos del presupuesto nacional destinados a compensar parte del transporte. La organización considera que esta estructura duplica los gastos sin una clara justificación de beneficio para los nariñenses.
Sin embargo, el comunicado de la Red no demuestra que ya se haya producido un incremento generalizado en el precio de la gasolina o el ACPM en el departamento. Según información adicional disponible, aunque el precio de referencia nacional del ACPM se mantuvo sin cambios para octubre de 2026, operadores del sur de Nariño habrían estado recibiendo combustible proveniente de Tumaco con costos cercanos a $100 adicionales por galón. El posible efecto completo sobre el consumidor requiere verificación con las autoridades competentes y con la estructura oficial de precios.
La reasignación de nueve municipios genera inquietud sobre eficiencia
Otro de los puntos centrales señalados por la Red de Veedurías es la decisión de devolver a Chachagüí nueve municipios que habían sido reasignados previamente a Tumaco. Los municipios afectados son La Florida, Consacá, El Peñol, El Tambo, Sandoná, Yacuanquer, Nariño, Ancuyá y Linares.
La organización considera que esta modificación no cuenta con una justificación económica suficiente y cuestiona que se priorice el abastecimiento terrestre desde Yumbo, en lugar de evaluar de manera integral las alternativas relacionadas con Tumaco, especialmente considerando que el Gobierno Nacional había implementado durante el año una estrategia para fortalecer el abastecimiento mediante el puerto de Tumaco.
Según la Red, la reasignación podría generar un trato desigual entre los esquemas de abastecimiento y afectar directamente a los consumidores de la región. En particular, señalan que en el sur del departamento actualmente podría resultar más económico adquirir combustible en Yumbo y trasladarlo por carretera hasta Ipiales que comprarlo en Tumaco y llevarlo posteriormente hasta la frontera. Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos formulados por la organización y deberán ser evaluadas y verificadas por las autoridades competentes.
Solicitudes formales a organismos de control
Ante las presuntas irregularidades que identifica, la Red de Veedurías ha presentado solicitudes de intervención a varios organismos del Estado. Cada uno tiene un rol específico en la verificación de posibles irregularidades:
Fiscalía General de la Nación: investigar si los hechos podrían configurar conductas contra la administración pública que violen principios de legalidad o manejo de recursos. Contraloría General de la República: examinar el uso de recursos públicos, establecer si existe un posible detrimento patrimonial y verificar la eficiencia del gasto. Procuraduría General de la Nación: evaluar la actuación administrativa desde los ámbitos preventivo y disciplinario, determinando si hay responsabilidad de servidores públicos. Superintendencia de Industria y Comercio: verificar los posibles efectos del esquema sobre los precios que pagan los consumidores finales y evaluar si se vulneran principios de libre competencia.
Además de estas solicitudes, la Red de Veedurías pidió que se haga público el sustento jurídico y económico de la decisión tomada. La organización también planteó la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar la nulidad de la resolución y una eventual suspensión provisional de sus efectos mientras se resuelve el fondo del asunto.
Contexto: el abastecimiento de combustibles como asunto estratégico
El abastecimiento de combustibles en Nariño no es un tema menor. El departamento depende de forma crítica del suministro regular de gasolina y diésel para múltiples sectores: transporte terrestre, actividades comerciales, agricultura, industria y servicios. Las decisiones sobre cómo se distribuyen los combustibles y quién asume los costos de su transporte tienen consecuencias directas sobre el costo de vida de los nariñenses.
El Ministerio de Minas y Energía anunció en julio de 2026 que el nuevo Plan de Abastecimiento para Nariño entraría en vigor, argumentando que fortalecería la capacidad de respuesta del departamento ante bloqueos, emergencias o interrupciones en las rutas de suministro. Sin embargo, la implementación ha generado fuertes reparos de alcaldías, líderes gremiales, consumidores y transportadores, quienes señalan que viola principios de libre competencia y eficiencia al buscar darle prioridad a dos plantas de abastecimiento mayorista en el departamento (ubicadas en Tumaco y Chachagüí) sobre plantas mayoristas ubicadas en Yumbo, Valle del Cauca.
Preocupaciones sobre libre competencia y estructura de mercado
Un aspecto adicional que ha generado polémica es el posible efecto de la resolución en la estructura competitiva del mercado de combustibles en Nariño. Expertos consultados advierten que la nueva normativa podría crear una posición de duopolio u oligopolio, al dejar a los distribuidores minoristas supeditados a uno u otro esquema de abastecimiento sin opciones reales de decisión.
Desde el año anterior, cuando se asignó la operación a Petrodecol, se han reportado serios cuestionamientos sobre la capacidad de cargue de esa empresa y sobre la procedencia real del combustible distribuido. Según información disponible, hasta el momento no ha habido una primera compra formal a Reficar, sino que aparentemente el combustible que ha llegado proviene de importaciones, lo cual también genera dudas sobre los efectos en costos y sostenibilidad del modelo.
La cadena logística desde Tumaco, que incluye transporte marítimo, almacenamiento, mezcla con biocombustibles y posterior traslado terrestre, ha sido identificada por el sector como un punto de atención. Distribuidores han cuestionado si este esquema realmente está reduciendo los costos de abastecimiento o si, por el contrario, está generando sobrecostos que eventualmente se trasladan a los consumidores finales.
¿Qué sigue? Seguimiento necesario
Por ahora, la alerta proviene de la Red de Veedurías de Colombia, que cuestiona formalmente la legalidad y la conveniencia económica de la Resolución 01937. Queda por establecer cuál será la posición oficial del Gobierno Nacional en respuesta a estos cuestionamientos, qué efectos concretos tendrá la medida sobre los precios en el corto y mediano plazo, y si los organismos de control abrirán investigaciones formales al respecto.
Desde El Contraste Noticias, el tema merece un seguimiento riguroso. Los consumidores nariñenses tienen derecho a conocer cómo se toman estas decisiones sobre abastecimiento de combustibles, cuál es el fundamento jurídico de las modificaciones y cuáles podrían ser las consecuencias concretas para el bolsillo de las familias, los transportadores y las empresas del departamento. La transparencia en estos procesos es fundamental para generar confianza en las instituciones y para garantizar que los recursos públicos se usen de manera eficiente y equitativa.
