Una investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio sacó a la luz presuntas irregularidades administrativas y financieras en torno al consulado de Colombia en Tijuana, México, creado durante el gobierno de Gustavo Petro. El hallazgo revela que la dependencia nunca llegó a prestar servicios de manera permanente, pero el Estado desembolsó cerca de $483 millones en pagos a la funcionaria designada, además de asumir compromisos económicos por el arrendamiento de una oficina que nunca entró en funcionamiento.
Una creación sobre el papel sin operación real
El consulado fue creado mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, expedido durante la administración del entonces canciller Luis Gilberto Murillo. La decisión también contempló la apertura de oficinas consulares en Monterrey y Tuxtla Gutiérrez, México. Sin embargo, la sede de Tijuana nunca llegó a funcionar de manera regular ni contó con una oficina habilitada para atender permanentemente a los ciudadanos colombianos.
A pesar de esta situación, el cargo de cónsul fue ocupado por Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, quien permaneció en provisionalidad hasta el 30 de octubre de 2026, fecha en la que presentó su renuncia. Aunque la funcionaria reportó visitas a colombianos privados de la libertad en cárceles de Baja California y la realización de un consulado móvil durante tres días, la sede permanente nunca llegó a prestar los servicios para los que había sido creada.
Más de $483 millones en salarios sin consulado operativo
Uno de los aspectos más críticos revelados por Caracol Radio tiene que ver con los recursos públicos destinados al pago de la funcionaria. Pabón recibió una asignación mensual de 14.700 dólares, equivalente a cerca de $47 millones, entre enero y octubre de 2026. Por los nueve meses de gestión reportados, el Estado habría desembolsado más de 153.000 dólares, aproximadamente $483 millones.
A este monto se sumarían otros 20.338 dólares entregados por concepto de viáticos y transporte de menaje doméstico al momento de su designación. La investigación también advierte sobre posibles obligaciones pendientes con profesionales y empresas que habrían participado en trabajos de adecuación, diseño gráfico e imagen institucional de la sede.
Una deuda por una oficina que nunca se utilizó
El caso también involucra compromisos económicos relacionados con el arrendamiento de la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, ubicado en la Zona Dorada de Tijuana. El 30 de septiembre de 2026, la Embajada de Colombia en México recibió un requerimiento formal de pago por el alquiler del inmueble. La comunicación tomó por sorpresa a los funcionarios diplomáticos, quienes manifestaron no tener conocimiento de esa obligación.
Posteriormente, la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores verificó la existencia de un contrato de arrendamiento que habría generado compromisos económicos sin una asignación presupuestal destinada específicamente para ese propósito. Hasta la publicación del informe, la Cancillería no había entregado a Caracol Radio una cifra oficial sobre el valor total de la deuda.
La investigación periodística también señala que la Embajada de Colombia en México había advertido sobre las dificultades generadas por la falta de funcionamiento de la sede, pues las solicitudes de los colombianos residentes en Tijuana y Baja California terminaban siendo atendidas por el consulado en Ciudad de México, ubicado a más de 2.700 kilómetros de distancia. Esto representaba una dificultad adicional para los connacionales debido a las distancias y a la necesidad de realizar desplazamientos para acceder a determinados servicios.
Antecedentes cuestionables y decisiones sin justificación clara
La investigación también reconstruye los antecedentes del nombramiento de Maryory Pabón. En enero de 2025, el entonces canciller Luis Gilberto Murillo la designó como cónsul en Calgary, Canadá. Sin embargo, el nombramiento fue demandado por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender la designación y, posteriormente, el nombramiento fue anulado el 3 de abril de 2025. La decisión se fundamentó en que Pabón había sido nombrada en provisionalidad, pese a que existían funcionarios de carrera diplomática disponibles para ocupar esa plaza. El Consejo de Estado dejó en firme la decisión en julio de 2026.
Posteriormente, en enero de 2026, la entonces canciller Rosa Villavicencio firmó el decreto que permitió su designación en Tijuana. Villavicencio explicó a Caracol Radio que, cuando llegó al Ministerio, encontró el proceso en marcha y recibió la instrucción de contratar a la funcionaria. También defendió la posibilidad de designar cónsules antes de que las sedes estén abiertas, argumentando que estos pueden adelantar los trámites necesarios para su puesta en funcionamiento.
De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría las actuaciones relacionadas con el funcionamiento del consulado de Tijuana. La decisión busca que los organismos competentes examinen las circunstancias administrativas, contractuales y financieras que rodearon la creación y puesta en marcha de esta dependencia.
Tras conocerse las dificultades administrativas y financieras, el Gobierno Nacional habría tomado la decisión de cancelar el proyecto del consulado en Tijuana. La situación deja varios interrogantes pendientes: ¿quién autorizó los compromisos contractuales?, ¿cuánto dinero se adeuda por el arrendamiento y los trabajos realizados?, ¿por qué se mantuvo una designación diplomática sin que la sede entrara en funcionamiento? y ¿qué responsabilidades podrían derivarse de las decisiones adoptadas? Por ahora, corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales.
