El presidente ecuatoriano Daniel Noboa señaló directamente al mandatario colombiano Gustavo Petro de estar vinculado a una presunta estructura de narcotráfico y lavado de activos, en un escalamiento de tensiones entre ambos gobiernos desencadenado por la detención de la excandidata presidencial y figura del correísmo Luisa González. Las declaraciones, recogidas por el medio colombiano Semana el 22 de octubre, representan una acusación sin precedentes que trasciende los cuestionamientos políticos previos entre ambos mandatarios.
«Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así», afirmó Noboa a Semana, vinculando directamente las críticas del exmandatario colombiano con una investigación que, según la versión ecuatoriana, implicaría al gobierno de Bogotá. La declaración surgió como respuesta a los cuestionamientos que Petro había hecho sobre la situación política en Ecuador.
El catalizador: reacciones de Petro a la captura de González
Gustavo Petro reaccionó en la red social X a una publicación del expresidente ecuatoriano Rafael Correa sobre la captura de González. En su comentario, cuestionó severamente las acciones del Gobierno de Noboa, afirmando: «En Ecuador se desarrolla una verdadera dictadura, que comienza con un fraude electoral. El llamado escudo no es un escudo contra el narcotráfico, sino un escudo contra la democracia». Esta intervención del mandatario colombiano en asuntos internos ecuatorianos provocó la reacción contundente de Noboa, quien interpretó las críticas como una defensa de estructuras criminales ligadas al correísmo.
La respuesta presidencial ecuatoriana no se limitó a defensas políticas, sino que estableció una conexión explícita entre las críticas de Petro y lo que Noboa describe como una «estructura grande» que estaría siendo desmantelada. Esta estrategia comunicacional sugiere que el gobierno ecuatoriano busca contextualizar las acusaciones internacionales contra sus políticas de seguridad dentro de una narrativa más amplia de lucha contra organizaciones criminales transnacionales.
Luisa González: detenida en operativo por lavado de activos
La excandidata presidencial del correísmo fue detenida en la madrugada del 22 de octubre en Canuto, Manabí, en un operativo conjunto entre la Fiscalía General y la Policía Nacional. La detención se ejecutó por el presunto delito de lavado de activos, enmarcada dentro de investigaciones que remontan varios meses atrás. En el operativo fueron detenidas tres personas en total, aunque solo se identificó a González; las identidades de los otros dos detenidos permanecen sin revelar hasta el momento.
La Fiscalía indicó en sus redes sociales que ejecutó «órdenes de detención en Pichincha y Manabí con fines de formulación de cargos contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos». Minutos después, la entidad especificó que investiga «presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023 por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos» en el caso que denominó Laberinto.
González fue trasladada a Quito hacia el Complejo Judicial Norte para una audiencia de formulación de cargos, cuya hora de llegada aún no había sido confirmada al momento de esta publicación. Este procedimiento representa un punto de inflexión en una investigación que ha involucrado a múltiples actores políticos y electorales del correísmo.
Casos Caja Chica y Laberinto: años de investigación
La detención de González cierra un ciclo de investigaciones que se remontan varios meses. Desde hace considerable tiempo, la excandidata estaba siendo investigada por el caso denominado Caja Chica, relacionado con el supuesto delito de lavado de activos en el manejo irregular de fondos para su campaña presidencial de 2023. Estos fondos habrían llegado procedentes de Venezuela, según las acusaciones de las autoridades ecuatorianas.
En el proceso Caja Chica se indagaba además a Estefanía Molina Freire, responsable del manejo económico de la campaña, quien declaró ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) haber recibido aportes de origen lícito por $201.361,11. También fueron investigados Santiago Díaz Asque, quien ejerció las funciones de jefe de campaña, y Andrés Arauz Galarza, excandidato vicepresidencial. Díaz actualmente cumple prisión en la Cárcel 4 de Quito tras ser sentenciado por violación a una menor de edad.
El caso Laberinto, que derivó en la detención de González, involucra investigaciones contra siete personas en total, incluyendo a la excandidata, Díaz y Molina. La Fiscalía ha ampliado significativamente el escopo de esta pesquisa, incorporando análisis detallados sobre irregularidades en el financiamiento político y trazabilidad de recursos electorales. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya había dispuesto, como consecuencia de la investigación del caso Caja Chica, la suspensión temporal del movimiento Revolución Ciudadana (RC), impidiéndole participar en los comicios seccionales de 2026.
Antecedentes de tensión: acusaciones previas de Noboa contra Petro
Las acusaciones actuales de Noboa no constituyen un primer enfrentamiento verbal con el mandatario colombiano. Según reportes de Semana, en una entrevista publicada en abril de 2026, el presidente ecuatoriano ya había asegurado que Gustavo Petro mantenía vínculos indirectos con personas relacionadas con organizaciones criminales de Ecuador. En esa ocasión, Noboa sostuvo que Petro se había reunido en Manta con integrantes de la Revolución Ciudadana, algunos de los cuales, según su versión, tendrían nexos con alias Fito, líder de Los Choneros, detenido posteriormente en Estados Unidos.
Además de estas acusaciones sobre conexiones personales, el mandatario ecuatoriano ha cuestionado la política colombiana de «paz total» impulsada por el gobierno Petro, acusando a la administración bogotana de debilitar la cooperación bilateral contra el narcotráfico. Esta crítica se enmarca en un contexto más amplio de desacuerdo sobre estrategias de seguridad regional, donde Ecuador ha adoptado una postura más agresiva contra organizaciones criminales, particularmente tras la crisis carcelaria que estalló en 2023.
Contexto regional: la crisis carcelaria y la política de seguridad ecuatoriana
Las acciones del gobierno Noboa, incluida la detención de González y la operación contra estructuras de lavado de activos, forman parte de una estrategia más amplia de seguridad que comenzó con la declaración de emergencia tras la crisis carcelaria que estalló en 2023. El «escudo» al que Petro hace referencia en sus críticas es una política multifacética que combina operativos militares, investigaciones anticorrupción y reformas penitenciarias. Noboa ha presentado estas medidas como necesarias para recuperar el control territorial y combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde sectores opositores y gobiernos vecinos como el de Colombia se cuestiona si estas políticas responden efectivamente a necesidades de seguridad o si responden a motivaciones políticas dirigidas contra adversarios del correísmo. La confluencia de investigaciones penales contra figuras del correísmo, suspensión de movimientos políticos y detenciones de candidatos ha generado debates sobre el estado de la democracia ecuatoriana, debate que traspasa fronteras y se convierte en objeto de disputa diplomática con Colombia.
