El Gobierno radicó el proyecto de Ley de Rescate Económico. La propuesta ahora debe debatirse en el Congreso. Según el borrador presentado, desde 2028 productos cotidianos como los fríjoles, las lentejas y algunos quesos podrían pasar a pagar el 19 % de IVA; otros, como el café, perderían beneficios tributarios. La discusión no es menor: se trata de alimentos que llegan todos los días a la mesa de los colombianos.
El Gobierno defiende la iniciativa y anuncia la devolución del IVA para 19 millones de personas en pobreza, además de devoluciones parciales para otros 16,5 millones. Pero una cosa es anunciar un mecanismo de compensación y otra garantizar que funcione, llegue oportunamente y proteja realmente el bolsillo de los hogares.
Las cuentas del Estado hay que arreglarlas. Pero una cosa es apretarse el cinturón y otra que se lo aprieten a uno primero. Piense en un barco que hace agua. Hay que achicarla, claro. La pregunta es quién lo condujo, quiénes están pagando las consecuencias y quiénes tienen la responsabilidad de salvarlo.
Los piratas
El barco no hace agua solamente por el mal tiempo. También hay que mirar cómo lo manejaron, en qué gastaron sus recursos y qué decisiones tomaron quienes estaban al timón.
Y basta hacer un recuento: uno, el escándalo de la UNGRD, con Olmedo López y Sneyder Pinilla, los carrotanques de La Guajira y los presuntos sobornos a congresistas; dos, la crisis de la Nueva EPS, las deudas con hospitales, las dificultades para entregar medicamentos y los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos de la salud; tres, los escándalos de contratación, las presuntas redes de intermediación y cobro de comisiones, las irregularidades en la SAE y el caso de Laura Sarabia, con el polígrafo y las interceptaciones ilegales; cuatro, el desorden de las finanzas públicas, los problemas de recaudo, los recortes presupuestales, el crecimiento del gasto estatal y las nóminas paralelas; cinco, el deterioro de los resultados de Ecopetrol, la incertidumbre sobre la transición energética, la pérdida de autosuficiencia en gas y la creciente dependencia de las importaciones. Y en ese inventario también están las investigaciones sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022, en las que aparece Ricardo Roa, quien fue su gerente de campaña y posteriormente fue nombrado presidente de Ecopetrol.
Pero hay una responsabilidad que no se puede perder de vista: la del capitán. Gustavo Petro recibió de los colombianos el mandato de conducir el país y también tuvo la responsabilidad de escoger a quienes ocuparían los puestos de mayor confianza. Olmedo López llegó a la dirección de la UNGRD por decisión de su Gobierno; Ricardo Roa pasó de gerenciar su campaña a dirigir Ecopetrol; y varios funcionarios de su entorno terminaron envueltos en investigaciones y cuestionamientos judiciales. No se puede atribuir automáticamente al presidente la responsabilidad penal por las actuaciones de sus funcionarios, pero sí exigirle responsabilidad política por sus nombramientos, por la conducción de su equipo y por los controles que debieron existir.
Y el capitán no navegó solo. También tuvo sus corsarios: los ministros y funcionarios a quienes entregó el timón de áreas fundamentales. Por el Ministerio de Hacienda pasaron cuatro ministros: José Antonio Ocampo, Ricardo Bonilla, Diego Guevara y Germán Ávila. Uno de ellos, Ricardo Bonilla, terminó acusado formalmente por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD. Incluso estuvo privado de la libertad en un centro carcelario, aunque recuperó su libertad por vencimiento de términos y deberá enfrentar el juicio. Los otros tres no enfrentan una situación judicial equivalente por este caso. Cuatro ministros en una misma cartera durante un gobierno: otro dato que merece ser tenido en cuenta al examinar quiénes condujeron las finanzas del país y bajo qué orientación.
Y está el rumbo. El Gobierno decidió impulsar una transformación económica y energética marcada por sus convicciones ideológicas, pero sin que hasta ahora estén resueltas todas las preguntas sobre la velocidad de esa transición, la inversión necesaria, la seguridad energética y el reemplazo de los ingresos que generan los hidrocarburos. En Ecopetrol, las utilidades cayeron de $33,4 billones en 2022 a $19,1 billones en 2023: una reducción de $14,3 billones. Esa caída también estuvo influida por factores externos, como los precios internacionales del petróleo; por eso no se puede atribuir exclusivamente a las decisiones del Gobierno. Pero sí obliga a discutir el rumbo de la principal empresa del país y el impacto que sus resultados tienen sobre las finanzas públicas. Un capitán puede cambiar el rumbo, pero tiene que conocer las aguas, revisar las cartas de navegación y prever las consecuencias de sus decisiones. No basta con anunciar el destino si no se ha preparado la travesía.
No se trata de desconocer las dificultades fiscales ni de negar la necesidad de un ajuste. Se trata de preguntar cómo llegamos a este punto, quiénes tomaron las decisiones y quién responde por el rumbo que tomó el barco.
Por eso el apretón puede ser necesario. El Gobierno del presidente Abelardo recibe un barco que necesita ser reparado y unas finanzas que requieren medidas urgentes, entre ellas esta Ley de Rescate Económico. Pero quienes estuvieron al mando durante el gobierno anterior no pueden desentenderse de lo ocurrido: tendrán que responder por sus decisiones y, cuando corresponda, rendir cuentas ante las autoridades competentes. Porque una cosa es recibir un barco averiado y otra muy distinta haberlo conducido hasta esas aguas turbulentas.
Los náufragos
Son quienes no manejaron el barco y, sin embargo, reciben primero el agua.
A esto se suma un contrasentido: sumar el aumento al 19 % del IVA sobre productos de la canasta familiar cuando ya se les viene aplicando a los colombianos uno de los impuestos más regresivos: la inflación, con un aumento notorio en el precio de los alimentos que golpea el metro cuadrado de la gente. El Gobierno propone devolver el IVA a 19 millones de personas en pobreza y contempla compensaciones para otros 16,5 millones, pero en la práctica ese es un gran escollo que el Gobierno Nacional tendrá que resolver.
La clase media también merece atención. Es la familia que paga arriendo, servicios, transporte, educación y mercado; la que no siempre califica para los subsidios, pero tampoco tiene margen para absorber nuevos aumentos. La familia que compra cada semana en Pasto, Ipiales o Tumaco no hace sus cuentas con proyecciones macroeconómicas: las hace con lo que tiene en el bolsillo.
Nariño lo sentiría de manera particular. El departamento representa cerca del 1,5 % del PIB nacional y tiene profundas brechas de pobreza, ruralidad, conectividad, competitividad, seguridad y brechas sociales. El mismo impuesto no pesa igual en una cabecera municipal que en una vereda, donde los costos de transporte y comercialización encarecen todavía más los alimentos. Una reforma de alcance nacional necesita, por tanto, enfoque territorial y diferencial.
Pero nuestro propio bote también hace agua. Nariño pasará de primera a segunda categoría fiscal en 2027. La medición se hizo con los ingresos de 2025: el departamento registró 161.978 salarios mínimos en ingresos corrientes de libre destinación, por debajo de los 170.000 requeridos para permanecer en primera categoría.
Ante este panorama, cabe preguntarnos por la gestión financiera del departamento. Durante 2025, un año clave para sus finanzas, varios secretarios encargados pasaron por la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué hubo tanta interinidad y tantos cambios en una cartera que requería un titular al frente, con la responsabilidad de liderar la gestión financiera y tomar decisiones fundamentales para el departamento?
Aparte de esto, al examinar el incremento de los contratos de prestación de servicios en la Gobernación —que pasaron de 2.780 en 2024 a 6.000 en 2026—, surgen realidades humanas. Una contratista comentaba esta semana la zozobra de tener que firmar tres contratos en un mismo año (2025), enfrentando la incertidumbre constante de si le renovarán o cómo pagar sus obligaciones. Los secretarios han manifestado que se necesitan para estructurar proyectos, pero el argumento de que se necesitan contratistas para estructurar proyectos debe demostrarse con obras ejecutadas – que no se ven – no con más precarización.
Lea tambien: Ley de Rescate Fiscal: el Gobierno endurece impuestos a la clase media y rehace el sistema tributario
Los salvavidas
Aquí aparece una de las grandes preguntas sobre la gerencia y la gestión pública: la articulación multinivel. La propia gobernación ha defendido este concepto como una herramienta para coordinar los distintos niveles del Estado y alcanzar grandes objetivos. Pero articular no es solamente reunirse, tender puentes o anunciar propósitos. También significa tener liderazgo, dirección y capacidad para convertir esa coordinación en resultados. Y ahí está el cuestionamiento: ¿logró esa articulación orientar el rumbo del buque nacional y, al mismo tiempo, el del barco regional? La responsabilidad era compartida: correspondía a la Gobernación liderar la gestión por los intereses del departamento, a los congresistas defenderlos y hacer control político, y a los funcionarios nariñenses que hicieron parte del Gobierno nacional contribuir a que las necesidades de su territorio fueran atendidas.
La presencia de varios nariñenses, que fue como nunca antes, en el gabinete del gobierno anterior representaba una oportunidad para acercar el territorio al poder central. Sin embargo, cabe preguntarnos qué resultados concretos dejó esa participación frente a los grandes problemas de Nariño. También quedaron episodios que reflejaron la distancia entre las necesidades regionales y las respuestas nacionales, como el de los alcaldes que en enero de 2026 viajaron a Bogotá en busca de soluciones ante los ministerios y no obtuvieron eco en el gabinete de Petro. La articulación multinivel debía ser mucho más que una buena idea: tenía que traducirse en gestión, decisiones y resultados para la gente y para Nariño.
Ahora hay una nueva oportunidad. El jueves 29 de octubre, en Cali, los gobernadores del Pacífico y sus bancadas parlamentarias participaron en el encuentro «El Pacífico Propone», convocado para construir una agenda regional. Al día siguiente, el Departamento Nacional de Planeación presentó un portafolio preliminar de iniciativas para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 del gobierno del presidente Abelardo. Para Nariño se identificaron ocho proyectos, con una inversión indicativa de $4,60 billones; Cauca también tendría ocho, pero por $9,52 billones (inexplicable casi 5 billones más que Nariño), mientras que el Valle del Cauca aparece con 32 proyectos por $28,53 billones. Son cifras preliminares, no recursos garantizados. Pero sí permiten preguntar qué lugar ocupará Nariño en las prioridades de inversión nacional.
Esta agenda es un punto de partida, no un cheque en blanco. Lo que esperamos es que el Gobierno nacional no se limite a recoger propuestas en reuniones realizadas lejos de los territorios. Que venga a Nariño, escuche a sus comunidades y conozca de primera mano cuáles son las obras y necesidades que la ciudadanía considera prioritarias. La agenda política de cada gobierno puede tener sus apuestas, pero la agenda pública debe recoger también las urgencias de la gente. Y los proyectos que se incorporen al Plan Nacional de Desarrollo deben tener fuentes de financiación, responsables y cronogramas. No queremos que las grandes obras para Nariño vuelvan a quedarse en un documento, en un pacto o en una fotografía.
Porque esa historia ya la conocemos: se anuncian proyectos, se firman compromisos, se toman fotografías y, después, pasan los años. Cambian los gobiernos, cambian los funcionarios y las obras siguen esperando. Nariño vuelve a quedarse mirando cómo el barco pasa, sin que termine de llegar el salvavidas prometido.
Y los mismos náufragos también pueden tomar el timón. La ciudadanía tiene que exigir, vigilar y participar con su inteligencia colectiva. Nariño no necesita más reuniones sin consecuencias ni promesas que se quedan en el papel. Necesita una agenda común, liderazgo departamental y finanzas ordenadas en casa.
Hay que achicar el agua. Pero que empiece por la casa, no por la nevera de Nariño.
